Desde hace más de una década, todas las naciones han fortalecido sus leyes para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. No hacerlo, no solo crea una imagen negativa al país no cooperante sino que puede tener efectos negativos en sus sistemas financieros y bancarios.

Panamá no ha estado ajeno a esos procesos y en abril de 2015 se aprobó la Ley 23, un conjunto de normas que previenen el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y que apuntan no solo al sector financiero si no también al sector de Sujetos Obligados No Financieros supervisados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros.

Con esta ley, nuestro país buscaba alinearse con GAFI – Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales- un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de fondos y así generar transparencia al ecosistema de negocios global.

Además de ser específicos en el alcance y la norma, esta ley promovió la formación de “Empresas de Cumplimiento” que le permitiera apoyar a los sujetos obligados en todo lo que era el cumplimiento normativo y la aplicación de la ley dentro de sus operaciones.